
0
0
Carlos Fernando Sánchez es el candidato del movimiento político Santander En Serio, liderado por el exgobernador y coronel retirado de la policía Hugo Aguilar, famoso por ser el hombre que mató a Pablo Escobar. Aguilar, y así su ahijado Sánchez, carga con el laste de haber sido condenado por la Corte Suprema Justicia en medio del escándalo de la parapolítica. La Corte encontró que Aguilar pactó con los paramilitares para ganar la Gobernación en el año 2003. Sánchez ha dicho que considera que la Corte se equivocó y que Aguilar es inocente.
A la carrera por el Palacio Amarillo versión 2015, Sánchez llega como abogado y administrador y con una larga trayectoria – de una década – a la cabeza de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. Allí llegó en 2004 con el respaldo del entonces gobernador, Hugo Aguilar, a quien había asesorada en su campaña. Antes había ejercido sobre todo en el sector privado; durante varios años fue el Director de Mercadeo y Publicidad de Vanguardia Liberal, el principal periódico del oriente colombiano.
Desde la mencionada Corporación, Sánchez se consolidó como el gestor de grandes obras para el desarrollo del turismo en Santander, principal bandera política del clan Aguilar en la región. Fue el líder de la construcción del propio Parque Nacional del Chicamocha Panachi, durante el gobierno de Aguilar padre y el gobierno Serpa, entre 2004 y 2011. Después, en el gobierno de Aguilar hijo, del actual gobernador Richard Aguilar, sobresalió por ser el promotor – como Director de Panachi y asesor de megaproyectos – de la construcción del Acuaparque en el Parque del Chicamocha y del Cerro del Santísimo en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
Su gestión en Panachi ha sido cuestionada por diversos sectores debido a sobrecostos – frente a presupuestos – en la contratación de las obras del turismo y por la naturaleza jurídica de la Corporación, que se gobierna y contrata como una entidad de derecho privado a pesar de administrar obras financiadas con recursos públicos.
Hoy, en su contra, cursa un proceso de doble-militancia por supuestamente haber pertenecido a las directivas de Opción Ciudadana y no haber renunciado a tiempo; lo que inhabilitaría su candidatura.